Muestra Pablo Gómez ‘gran trama de corrupción’ en la que supuestamente participó funcionaria del Poder Judicial
E l Gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció que Sonia Vargas Terreros, funcionaria contratada por el Poder Judicial, participó en la trama de corrupción que urdió el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con la firma de contratos por 71.6 millones de dólares, que son investigados por dicha área y por la Fiscalía General de la República (FGR).
El titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso la “gran trama de corrupción” en torno a la empresa Nunvav, fundada por García Luna, y en la que presuntamente participó Sonia Vargas, actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura.
“Es necesario decir que las personas que he mencionado, que forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la FGR, no son personas desconocidas para la fiscalía, están sujetas a una investigación; pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, como actos indebidos que no le correspondían, etcétera, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México”, sostuvo Pablo Gómez.
Convocado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el viernes pasado el mandatario diera a conocer que a Sonia Vagas la contrató la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pablo Gómez señaló que en esta trama de contratos con diversas compañías, para la adquisición de bienes y servicios, que no se cumplió, participaron también los exfuncionarios Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Rodrigo Esparza Cristerna, Rafael Avilez y Humberto Martínez González, entre otros.
“Todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego, los primeros. Estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez. Y todos de la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio”, señaló Gómez Álvarez.
En el caso específico de Sonia Vargas, quien fue directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública, Pablo Gómez acusó que firmó contratos por más de 71 millones de dólares “de la Policía Federal, en el periodo de (Felipe) Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, dijo.
Agregó que estos contratos, muchos de ellos simulados, permitieron desviar cerca de 700 millones de dólares y, luego de pasar por paraísos fiscales, fueron enviados a Florida, Estados Unidos, donde México inició un juicio de reclamación.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares; no es una cantidad menor. El Gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero”, expuso el titular de la UIF.
fgr
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